24/10/2023
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay
desestimó el reciente recurso interpuesto por el ex asesor judicial del
macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, con el fin de evitar ser extraditado
a la Argentina, donde la justicia lo reclama para tomarle indagatoria en la
causa por el supuesto hostigamiento a los accionistas del Grupo Indalo.
De esta manera, mediante un fallo por unanimidad, los jueces Doris Morales,
Elena Martínez, Bernadette Minivielle Sánchez y Tabaré Sosa Aguirre,
resolvieron "desestímase la excepción de inconstitucionalidad opuesta".
Cabe recordar que, a través de sus abogados,
Rodríguez Simón había denunciado que tenía nuevos hechos para pedir ser tenido
por refugiado político, y en su movimiento judicial pretendía también que se
declarara la inconstitucionalidad de una
ley internacional que rige los pedidos de extradición y la
tramitación de asilos políticos.
"Si bien aquí invoca nuevos hechos, los
mismos no son más que
una reiteración de la ya alegada persecución en su contra en el vecino país. Que perviva la 'persecución' no modifica en forma alguna el
supuesto de hecho ya hecho valer ante los tribunales", sostiene el fallo.
El máximo tribunal de Uruguay invocó en el escrito la opinión de la fiscalía
sobre el pedido de Pepín cuando dijo que el planteo debía ser rechazado porque
se trataba de una maniobra dilatoria: "En realidad se trata de la misma
persecución política alegada, y que puede seguir generando hacia el futuro un
sinnúmero de incidentes que podrían prologar los trámites hasta el
infinito".
"Más allá de que se rotulen 'hechos nuevos',
lo que el recurrente menciona son nuevas situaciones que refieren a la misma
causa primigenia de la supuesta persecución en su contra. Sin embargo, tal cuestión fue laudada
por nuestros Tribunales patrios al rechazar la solicitud de refugio, no
admitiendo dicha sentencia más recursos en virtud de que, como se indicara, este
Colegiado declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto", se añade.
Pepín permanece en suelo uruguayo desde el 8 de
diciembre del 2020 y la jueza María Servini lo declaró en rebeldía el 19 de
mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los
medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la
indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa
por escrito. El 25 de mayo del 2021 la justicia uruguaya recibió el
pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la justicia
argentina, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta extorsión
a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno Cambiemos.
Luego, Rodríguez Simón se presentó ante la justicia
uruguaya para ponerse a disposición y para anunciar que había iniciado el
trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser
considerado un "refugiado político", algo que le sería esquivo. En
agosto de 2021, la CORE realizó el informe en el que se señaló que no había elementos para considerar
que Rodríguez Simón fuera un perseguido político sino que, por el contrario, podía evidenciarse que en
la Argentina gozó de todas
las garantías del debido proceso.
Cuando la jueza Servini lo declaró en rebeldía, destacó
que Rodríguez Simón "dio
sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de
mayo de 2021" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay
como una maniobra dilatoria. Y detalló que el imputado tuvo pleno
conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo
defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta
de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser
detenido en forma indebida.
En la causa se investiga "la presunta existencia
de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del
Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento
y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado
casos de corrupción".
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