La oposición avanza en Diputados con un proyecto para combatir la ludopatía

La Cámara de Diputados avanzará el próximo miércoles con la aprobación de al menos dos dictámenes que buscan enfrentar la ludopatía y la creciente problemática de las apuestas en línea, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Esta situación, exacerbada desde la pandemia, ha llamado la atención de legisladores que consideran urgente una intervención. La discusión se llevará a cabo en un plenario que unirá a las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes, a las 9:30.

Mónica Frade, presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones (Coalición Cívica), expresó a la agencia NA que confía en que el proyecto llegue al recinto antes del 30 de noviembre. Sin embargo, admitió que el tiempo es limitado, ya que el Gobierno no tiene intenciones de extender las sesiones ordinarias.

De no conseguir su aprobación antes de esa fecha, los dictámenes quedarían listos para el próximo período legislativo.

La agenda inicial de Frade incluía una reunión para el jueves pasado, pero fue pospuesta ya que las titulares de Legislación Penal y de Familias, Laura Rodríguez Machado (PRO) y Roxana Reyes (UCR), pidieron más tiempo para revisar los proyectos.

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Este miércoles se presentarán dos proyectos. El principal cuenta con el respaldo de la Coalición Cívica, basándose en una propuesta de Maximiliano Ferraro, y cuenta con el apoyo de Unión por la Patria, Encuentro Federal y otros sectores del radicalismo.

Por otro lado, el PRO y La Libertad Avanza promueven una versión menos restrictiva basada en el proyecto de Silvana Giudici.

El bloque de la UCR, liderado por Rodrigo de Loredo, aún evalúa su posición tras la reciente salida de 13 de sus miembros, y no ha definido cuál de los dictámenes apoyará.

Frade ha articulado acuerdos con Rogelio Iparraguire, vicepresidente de Prevención de Adicciones, y con Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, además de mantener consultas con las radicales Gabriela Brouwer de Koning y Karina Banfi.

Plenario. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) preside la Comisión de Prevención de Adicciones.

Aunque Banfi expresó dudas, lo que deja en suspenso la posición final de la UCR, Brouwer de Koning comentó: "Estamos analizando los dictámenes y viendo qué vamos a hacer. Todavía no tenemos una postura definida".

Frade comentó también que su bloque inicialmente buscaba "regular también el juego en salas físicas, como bingos y casinos, pero ningún otro bloque con los que hablamos tenía voluntad". Ante esta falta de apoyo, decidieron enfocarse en el control de los juegos de azar en línea.

La propuesta de la oposición contempla varias restricciones. En primer lugar, prohíbe toda publicidad y patrocinio de juegos de azar en línea, incluso los realizados por celebridades e influencers, así como en estadios y eventos deportivos. La publicidad únicamente será permitida en lugares físicos de juego como casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería.

El proyecto también limita la autorización de plataformas de apuestas en línea a aquellas con domicilio legal en el país. En cuanto a los medios de pago, se permitirán únicamente tarjetas de débito con un límite igual al de retiros en cajeros automáticos, prohibiéndose el uso de tarjetas de crédito y tarjetas de asistencia social para realizar apuestas. Además, las billeteras virtuales estarán sujetas a los mismos límites que las tarjetas de débito.

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También se prohíbe la entrega de bonos o incentivos para nuevos jugadores, y se implementará un sistema de identificación biométrica para impedir el acceso de menores de edad, mediante reconocimiento facial y la base de datos del RENAPER.

La iniciativa impone a las plataformas de apuestas una serie de medidas de juego responsable, que incluyen el acceso a información sobre el historial de usuario, alertas de tiempo y dinero, y mecanismos de autoexclusión. Además, establece la creación de un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que permitirá a quienes tengan problemas con el juego autoexcluirse por hasta 24 meses, y la inscripción será válida en todo el país.

Este registro también admite la inscripción a solicitud de familiares, siempre que el afectado otorgue su consentimiento.

El proyecto incluye sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones, con penas que van desde 3 hasta 10 años de prisión, según las modificaciones al artículo 301 del Código Penal.