Nueva denuncia: El financista de la campaña de Alberto Fernández, entre los beneficiados por el caso de los seguros

El broker Castello Mercuri S.A., el mayor financista de la campaña del expresidente Alberto Fernández, estaría entre los beneficiados por el caso de las presuntas irregularidades en las contrataciones de seguros de organismos públicos, según lo denunció ante la Justicia este lunes el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello tras una auditoría realizada en el contexto de la causa que tiene por imputado a hasta hace meses jefe de Estado de la Nación.

Así surge de la presentación elevada en las últimas horas por el gobierno de Javier Milei, que a través de la excartera de Desarrollo Social denunció "la existencia, en el marco de la contratación de un seguro para cubrir diversos accidentes personales de los agentes del Instituto Nacional del Teatro, de una póliza donde figura como broker la firma Castello Mercuri, que estaría investigada en las presentes actuaciones".

El reclamo fue promovido por la ministra Pettovello ante el juez Julián Ercolini, quien tiene a cargo el caso, y apunta directamente contra la mencionada organización, que fue la mayor aportante a la campaña presidencial de Alberto Fernández durante 2019, cuando el Frente de Todos facturó una suma total de un millón y medio de pesos enviada por la firma que ahora permanece investigada bajo la mira de la Justicia.

Es que posteriormente Castello Mercuri fue beneficiada con el contrato del Instituto Nacional del Teatro, hoy evaluado por las irregularidades en las operaciones de seguros durante la gestión de Fernández, en especial tras el decreto que desde diciembre de 2021 dictaminó la obligatoriedad del curso de las compras a través de Nación Seguros, la aseguradora del Banco Nación, para todas las dependencias públicas.

Junto a Castello Mercuri, los otros dos brokers investigados son Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria personal del expresidente y hoy imputado junto a él, y Pablo Torres García, amigo personal de Fernández y empresario de la política ligado también a miembros del PRO; ambos con un vínculo de larga data con el exmandatario.

En tanto, la causa tiene por imputados a Fernández y a otros acusados, entre personas cercanas a la anterior cúpula del Ejecutivo y exfuncionarios posicionados en áreas centrales desde las que, aparentemente, se movían los hilos para concretar las maniobras y negociados en cuestión. En particular, la Justicia apunta contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el ministerio de Seguridad, que dieron origen a la denuncia inicial.