La pesquisa, liderada por el fiscal Pedro Simón, permitió identificar a los tres involucrados y determinar que los operativos realizados en esa área no figuraban en los registros de Gendarmería, lo que llevó a clasificarlos como "patrullas fantasmas". Los detenidos, uno perteneciente al Destacamento Móvil N°5, otro a la Sección Quimilí y el tercero encontrado en su domicilio, enfrentan cargos por "exacciones ilegales agravadas", un delito que se potencia por su condición de funcionarios públicos. Tras su arresto, los gendarmes fueron indagados por la Justicia Federal para esclarecer su rol en el esquema ilícito.
Los agentes de la Gendarmería Nacional se dedicaban a extorsionar comerciantes locales.
El procedimiento que desencadenó las detenciones tuvo lugar en la mañana del miércoles, cuando las autoridades ejecutaron las órdenes de captura en distintos puntos de la provincia. Las comerciantes habían detallado que, tras el supuesto control, los agentes revisaron minuciosamente la mercadería transportada, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra extorsiva. Este tipo de prácticas, aunque no frecuentes, pone en tela de juicio los mecanismos de supervisión dentro de la fuerza de seguridad y genera preocupación entre los habitantes de la región.
La comunidad santiagueña reaccionó con asombro ante el caso, que expone una faceta oscura en una institución generalmente asociada a la protección ciudadana. La Ruta 34, un corredor clave para el transporte de mercancías en el norte argentino, se convirtió en el escenario de este delito, lo que podría derivar en mayores controles internos para prevenir futuros abusos. Mientras tanto, la fiscalía continúa recopilando pruebas y no descarta que otros efectivos puedan estar involucrados.
El juez Argibay y el fiscal Simón avanzan en la investigación para determinar el alcance del esquema y las posibles ramificaciones dentro de la Gendarmería. Los tres gendarmes permanecen bajo custodia, a la espera de que se definan las próximas etapas procesales. Este episodio, que combina abuso de poder y corrupción, deja un precedente que podría impulsar reformas en los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia.
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