Se oficializó la declaración del transporte aéreo como "servicio esencial"

El Gobierno ha formalizado este lunes la declaración de la actividad aérea como "servicio esencial", medida que había sido anunciada previamente el pasado viernes, coincidiendo con una huelga de 24 horas llevada a cabo por los gremios aeronáuticos.

A raíz de esta oficialización, los sindicatos aeronáuticos han advertido que recurrirán a la Justicia para intentar revertir la situación, anticipando que el conflicto con Aerolíneas Argentinas y el Gobierno "se va a agravar".

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante los decretos 825 y 831, los cuales establecen que, según el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es legítimo exigir un servicio mínimo en sectores cruciales para el país.

Esto aplica especialmente en huelgas que, por su duración o magnitud, puedan causar daños irreversibles, poner en riesgo la seguridad pública o generar consecuencias graves para la nación.

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Los decretos están firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).

Los considerandos de los decretos señalan que la interrupción del servicio aéreo comercial puede "generar consecuencias graves" para el país, poniendo en peligro la seguridad o salud de la población, afectando el suministro de insumos esenciales, y obstaculizando la conectividad y el comercio tanto local como internacional.

Además, subrayan que la paralización de este servicio impacta en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en diversas industrias que dependen directamente de este medio para su desarrollo normal.

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El Gobierno justifica la medida afirmando que busca evitar perjuicios a los usuarios y a las actividades económicas que dependen del servicio aéreo. Para ello, consideran necesario implementar un régimen de prestaciones mínimas que permita equilibrar los derechos de las partes involucradas.

La norma estipula que, dentro de las 24 horas de notificada la comunicación, las partes deberán acordar los servicios mínimos a mantener durante el conflicto. De no alcanzarse un acuerdo, la Autoridad de Aplicación intervendrá y definirá las condiciones en un plazo de 48 horas.

Se establece además que, en caso de desacuerdo, el servicio mínimo no podrá ser inferior al 50% de la operación habitual, con una escala gradual basada en la duración y magnitud de la huelga, garantizando la conectividad en rutas con un solo servicio.

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Si las partes no logran un acuerdo, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar asesoramiento de la Comisión de Garantías, prevista en la Ley N° 25.877, para determinar las características de los servicios mínimos a implementarse.

La declaración ha sido rechazada por los gremios, especialmente por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Su titular, Pablo Biró, anunció que acudirán a la Justicia para impugnar la medida, calificándola como "ilegítima" e "ilegal".

Biró afirmó en Radio Mitre: "Es una medida ilegítima, ilegal, vamos a recurrir a Justicia local, a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El derecho de huelga es fundamental, solo puede estar regulado cuando estén en peligro bienes superiores, como la vida o la salud".

El sindicalista también advirtió que el conflicto "se va a agravar", rechazando las acusaciones de paros salvajes y encubiertos, argumentando que "un paro es un derecho de huelga, fundamental, único medio legítimo para defender nuestros intereses, en reclamo de aumentos salariales".