Siguen los despidos en las empresas del Estado y se esperan muchos más para fines de marzo

En consonancia con los recortes que está llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la administración pública, las empresas del Estado parecen ser el nuevo objetivo de la administración de Javier Milei.

En las últimas horas, dos empresas que pasaron a formar parte de la órbita de la Jefatura de Gabinete, a Cargo de Nicolás Posse, comenzaron con el envío de cientos de telegramas de despido. En AySA fueron 200 los trabajadores desvinculados, mientras que otros 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), corrieron la misma suerte. La excusa que suele utilizar el Gobierno es que "no cumplían sus tareas", pero viniendo de una administración que se declaró enemiga del Estado, es difícil saber si esa aseveración es verdadera.

Según dejaron entrever distintos funcionarios del Ejecutivo como el fugaz ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, la intención es ejecutar un recorte, pero también tener a esas empresas a la mano para su potencial privatización.

Otro organismo que pasa a engrosar la lista de despedidos es la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos en los últimos días. Y en Aerolíneas Argentinas, se abrió un proceso de retiros voluntarios.

En otras sociedades del Estado del área de transporte, como Trenes Argentinos (que tiene alto déficit), ya comenzaron los movimientos internos para ajustar el personal en distintas áreas. Y aún resta conocer lo que pasará con Corredores Viales, que días atrás también pasó a la órbita de Posse y, en este contexto, no es descabellado que la ola de despidos pase por esa repartición. En la página web de esa empresa -que gestiona las rutas concesionadas- aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, que fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.

Un caso por el momento excepcional es el de la agencia oficial de noticias Télam, donde 700 empleados fueron licenciados por una semana y aún el Gobierno no tiene definido, desde lo jurídico su futuro

Contratos por 90 días

Los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.

En el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un "relevamiento exhaustivo" para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.

En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles. "Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van", dejó trascender un funcionario de la Casa Rosada que no dio detalles de cuántos empleados públicos serían borrados de un plumazo.

Los despidos que se conocieron esta semana en AySA y Enacom combinaron desplazamientos por motivos políticos con cesantías que el Gobierno justificó por presuntas inasistencias o mala conducta. Son dos áreas que en la gestión del Frente de Todos estaban bajo la influencia de Sergio Massa.

En distintas empresas públicas y organismos que dependían del extinto Ministerio de Infraestructura, en tanto, quedaron al frente funcionarios del gobierno del Frente de Todos que se ajustaron a los nuevos tiempos políticos. En AySA, luego de la corta estadía de Marcelo Papandrea al frente de la empresa en los papeles, lo sucedió como presidente su segundo, Oscar Ferrari.

En las cuestiones operativas diarias -en el ajuste de personal y de los recursos- tiene fuerte injerencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, que supo trabajar para Massa en la Secretaría de Finanzas que comandaba Eduardo Setti.

En la Casa Rosada informaron que las 200 cesantías en AySA obedecieron a "personas que presentaban una situación laboral irregular": ocupaban puestos directivos políticos, no cumplían con sus tareas o contaban con inasistencias injustificadas".

En el Enacom, el Gobierno desvinculó a 50 funcionarios de la gestión anterior que se desempeñaban como titulares de las delegaciones en las distintas provincias del país. El organismo está intervenido por 180 días con el mandato de hacer una fiscalización. Al frente de esa tarea revisora fue nombrado Juan Martín Ozores, que viene de la actividad privada. Como interventores adjuntos, el Gobierno designó a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, dos personas de carrera que ya cumplieron funciones en el ente, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en el gobierno anterior, cuando el organismo era conducido por Claudio Ambrosini, un hombre fuerte del massismo.

La gestión libertaria tiene como materia pendiente llenar casilleros en organismos que tienen delegaciones en todo el país (como Anses, PAMI o Enacom), con amplia llegada territorial. Es una herramienta siempre muy valorada por los gobiernos de turno, que encuentran en esas oficinas un método de pago político o de llegada directa a las provincias con tropa propia. Todavía hay tensiones internas en la cúpula del Gobierno entre quienes quieren darle esa utilidad política y quienes pulsean por nombrar a personal de carrera.

Respecto a los despidos, otras empresas del Estado están haciendo un trabajo de relevamiento del personal para avanzar con los recortes. En Trenes Argentinos (OFSE) hubo pedidos en distintas áreas para responder a la motosierra de Milei. En esa empresa, que ahora quedó en el organigrama del Ministerio de Economía, se dio una metamorfosis llamativa. Su anterior titular, Martín Marinucci (hombre del massismo), fue reemplazado por quien era uno de sus subordinados, Luis Luque.

Hasta 2021, Luque fue concejal del Frente Renovador en San Miguel. Pero ahora debe ajustar su estructura para responder a la máxima libertaria.