14/03/2024
El Gobierno nacional eligió despedir cerca de 1800 empleados por sobre solicitarle a los chinos la inyección de dólares que ya está estipulado en el crédito original.
Tras la llegada de los telegramas de despido a cerca de 1800 trabajadores, el gobierno de Santa Cruz intenta garantizar la continuidad de las obras de las represas patagónicas, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que se encuentran paralizadas desde diciembre y cuya reanudación depende de un acuerdo entre Nación y China para destrabar los fondos.
El cambio de gobierno retrasó la llegada de esos fondos y tras idas y vueltas entre la constructora y Enarsa, la empresa estatal a cargo del proyecto, se determinó que no había fondos tampoco en el fideicomiso nacional de obras hídricas que podrían haberse utilizado para reactivar la obra.
La constructora, conformada por empresas chinas y argentinas, argumentó la decisión en la falta de fondos para la continuidad de los megaproyectos, que son financiados por bancos del gigante asiático.
En tanto que la Uocra presentó este jueves un pedido de conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo, para abrir una negociación que permita garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo.
Desde el gobierno de Santa Cruz avisaron que si el Gobierno nacional dilata esa decisión, lo harán desde provincia a fin de retrotraer los despidos y abrir un nuevo canal de negociación que involucre a funcionarios nacionales, provinciales, gremios y la empresa encargada de la construcción.
La obra lleva invertidos unos u$s1.850 millones y para esta nueva etapa se esperaban unos u$s520 millones comprometidos con anterioridad al recambio de autoridades de diciembre pasado. Las fuentes ratifican el interés de las empresas constructoras por el megaproyecto, que aportará un casi 12% de hidroenergía extra en el país.
Ante la situación, la constructora Represas Patagonia comunicó el miércoles que la parálisis no tenía plazos y que había decidido prescindir "de manera temporal" de parte de sus empleados, que hasta ese momento estaban licenciados y habían cobrado el 80% de sus salarios en diciembre, enero y febrero.
La compañía, además, aseguró que seguía en conversaciones con Nación, a través de Enarsa, con el objetivo de poder retomar cuánto antes los trabajos en el sur.
Como reacción a la situación, los gremios iniciaron protestas que incluyeron corte total en los accesos de las obras, advertencia de no permitir ingreso de mercadería y alimentos a los técnicos y obreros chinos que quedaron como personal de tareas de mantenimiento y una marcha por las calles de Río Gallegos que llegó a la Legislatura en el primer día de sesiones.
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