Tras una investigación judicial, el gobierno suspenderá el pago de 4500 planes sociales

Desde el Ministerio de Capital Humano, cuya titular es Sandra Pettovello, se informó hoy que se dispuso la suspensión del pago a 4.588 beneficiarios del programa Potenciar trabajo por presentar "incompatibilidades para acceder a dicho plan".

Según se explicó el comunicado emitido por el organismo, "La investigación, llevada a cabo por el fiscal (federal Guillermo) Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 13 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan", explicó la cartera a través de un comunicado.

La investigación abarcó a las provincias de: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Esta auditoría del beneficio ya había sido anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa con el fin de detectar irregularidades y "transparentar" su asignación. "El Estado inicia la auditoría en todos los planes sociales de Potenciar Trabajo, que son más de 1 millón, para detectar irregularidades o planes mal asignados", indicó el funcionario.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

El fiscal Guillermo Marijuan, es quien investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible

El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.

Marijuan ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.

Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, muchos de ellos "en numerosas oportunidades".

El integrante del ministerio público pidió investigar "presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público.