Aportes obligatorios, afuera: Cómo afecta el DNU de Milei a los sindicatos y por qué resisten la reforma laboral

La reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se halla suspendida tras la cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se ha manifestado en contra de las iniciativas en un paro general y marcha masiva acompañada por numerosas organizaciones obreras. Sin embargo, y pese a las consignas levantadas por sus dirigentes, el grito en el cielo de los sindicatos podría explicarse no solo por las medidas consideradas perjudiciales para los trabajadores, sino también por aquellas que limitan los ingresos de dinero a los gremios, especialmente en materia de aportes obligatorios y obras sociales; que quedarían, al decir del presidente Javier Milei, "afuera".

El "decretazo" 70/2023 para la desregulación de la economía afecta tantas áreas como artículos tiene, lo que ha demorado su tratamiento en el Congreso de la Nación. Frente a ello, la implementación del texto ha quedado sujeta, con el pasar de las semanas, a las expresiones judiciales en lugar de a las legislativas, como sí sucede con el proyecto de la "Ley Ómnibus" cuyo debate se desarrolla por estos días en la Cámara de Diputados. En ese marco, un apartado contenido en el mega DNU provocó especiales movimientos en la Justicia desde su entrada en vigencia el 29 de diciembre último.

Es que este jueves, la jueza nacional del Trabajo Liliana Rodríguez Fernández declaró la invalidez de seis artículos del paquete bajo el argumento de que no cumplen con "los recaudos constitucionales" necesarios "para que puedan ser considerados válidos", en medio del amparo iniciado por la CGT que mantiene suspendido el capítulo relativo a la reforma laboral debido a una cautelar. Pero el rechazo de los gremios podría responder no solo a una crítica a las iniciativas que serían perjudiciales para los trabajadores, sino también a un segundo grupo de medidas: aquellas perjudiciales para los propios sindicatos.

DNU de Milei: Aportes obligatorios a los sindicatos, afuera

En particular, entre todas las normativas afectadas, la magistrada resolvió la invalidez del artículo 73 que dictaba la no obligatoriedad de los aportes mensuales de los empleados asalariados a los gremios. "Es un 'descuento sindical', en comercio es un 4,5%, en plástico es un 2%... El sindicato descuenta ese monto incluso si el trabajador no está afiliado. Pero con el decreto si no estás afiliado no te pueden retener más dinero, salvo autorización expresa", explica en redes sociales el abogado laboralista Juan Pablo Chiesa. Hasta el momento, se trataba de una contribución irrenunciable, de índole "solidaria", pero el DNU buscaba alterarla para hacerla de carácter optativo.

El artículo 73 modifica el inciso C) del artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. El análisis del entretejido legal comienza en realidad en el 131, donde se indica que "no podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones". A ello su sucesor agrega nueve excepciones: la tercera habilita el cobro obligatorio de "contribuciones provenientes de las convenciones colectivas de trabajo", que se debitan sobre los salarios mensuales de los empleados con o sin su autorización.

El decreto de Milei no suspende ninguna de las nueve excepciones a la normativa, sino que agrega una aclaración de rigor sobre los pagos sindicales para que se puedan realizar únicamente "si existe consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo". En la práctica, el detalle implica un cambio en las reglas de juego para los gremios, que verían ingresar una cantidad significativamente menor de dinero cada mes debido a la probable baja en las afiliaciones de sus trabajadores representados, por lo que podrían sufrir un fuerte desfinanciamiento.

DNU de Milei: Intermediación para el pago a las obras sociales, afuera

En tanto, otro de los puntos que afecta especialmente a los gremios es el referido a los aportes al sistema de salud, que forma parte del capítulo 3 del decreto. La iniciativa del Ejecutivo modifica el marco regulatorio de la medicina privada y las obras sociales para incorporar al Régimen del Sistema Nacional de Salud a las empresas de medicina prepaga. La medida tiene el objetivo de permitir a los trabajadores decidir el destino del 3% de su sueldo mensual, que es derivado por ley a una compañía prestadora de servicios de salud, ya sea estatal, privada con fines de lucro, o sindical.

Antes del decreto, las contribuciones que fueran enviadas a la prepaga tenían que pasar de forma obligatoria a través de una obra social gremial, que retenía un porcentaje del dinero y giraba el resto a la empresa privada. No obstante, el proyecto establece que esa intermediación de los sindicatos deja de existir y, en cambio, los empleados pueden aportar a la prestadora que elijan sin ningún factor mediador. La normativa también alcanza a los monotributistas, que derivan parte de sus ingresos a las obras sociales gremiales al abonar las cuotas mensuales correspondientes según su categoría.

La reglamentación fue defendida en medios de comunicación por el ideólogo del paquete de medidas y flamante titular de la Unidad Transitoria de Desregulación de la Economía Federico Sturzenegger, quien afirmó: "Ahora, un descuento que a vos te hacían vas a tener que decir si querés que te lo hagan o no; por ejemplo, el aporte al sindicato. La gente contribuye un 3% del salario para la salud, y el empleador: ahí hay un 9% del salario para la salud. Ahora el trabajador vuelve a ser dueño pleno de eso. Los recibos van a consignar también lo que paga el empleador para que el empleado entienda".

Es menester remarcar que el reclamo de los sectores que resisten el mega DNU no se acaba en tan solo las medidas tendientes a la modificación del sistema laboral. Un cúmulo de agrupaciones, entre las que se hallan los sindicatos, pero también numerosas organizaciones civiles, de Derechos Humanos y artísticas, por caso, así como entidades empresariales y partidos políticos, han hecho eco de los reclamos y mantienen su oposición tanto al "decretazo" como a la "Ley Ómnibus", que, al igual que ocurre con el extenso articulado de los dos proyectos, no puede ser sintetizada en un solo motivo. Mientras tanto, Milei espera que el Poder Judicial y el Congreso le traigan buenas noticias.

Por Manuel Román.