Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como un "servicio estratégico esencial"

En una sesión marcada por intensas discusiones, la Cámara de Diputados aprobó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de ley que declara a la educación como un "servicio estratégico esencial". La iniciativa, promovida por Alejandro Finocchiaro, titular de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos, y respaldada por diputados de la Coalición Cívica e Innovación Federal, entre ellos Carla Carrizo, introduce una serie de modificaciones destinadas a regular el derecho a huelga en el ámbito educativo.

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Vale recordar que el proyecto establece que las escuelas deberán mantener una guardia mínima de personal durante los días de paro, con un 30% del personal presente en los dos primeros días y un incremento al 50% si la huelga se prolonga más allá de ese período. Esta medida busca garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes, equilibrando el derecho a huelga de los docentes con el derecho a recibir clases.

Asimismo, Finocchiario defendió la propuesta argumentando que se busca equilibrar los derechos en conflicto: "Estamos tratando de regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Ningún derecho de la Constitución es absoluto", explicó durante la presentación del proyecto. Además, uno de los artículos estipula que, a principios de cada año, las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la nómina del personal que estará afectado a la guardia mínima, facilitando así la planificación y evitando interrupciones en el servicio educativo durante las huelgas.

En tanto, el bloque del PRO remarcó que la ley no está dirigida a situaciones como las vividas en provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los paros han sido motivados por problemas salariales. Según argumentaron, el objetivo es limitar los llamados "paros políticos" organizados por sindicatos como CTERA. María Eugenia Vidal, diputada del PRO, defendió el proyecto afirmando que no se trata de una ley contra los docentes, sino contra los sindicatos que, según ella, buscan extorsionar. Pero, el rechazo al proyecto fue contundente por parte de la oposición. Los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda criticaron la iniciativa, acusándola de ser un intento de limitar el derecho a huelga de los trabajadores. Itai Hagman, de Unión por la Patria, calificó el proyecto como un "engaño semántico" que atribuye erróneamente todos los problemas de la educación a las huelgas docentes. Además, destacó la falta de inversión en infraestructura educativa y programas clave, como Conectar Igualdad.

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Por su parte, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, alertó sobre el desfinanciamiento del sistema educativo, afirmando que el proyecto solo agrava los problemas existentes. "No estamos hablando de chucherías", enfatizó, aludiendo a los recortes presupuestarios que afectan a los planes educativos.

El proyecto ahora será remitido al Senado, donde enfrentará un nuevo proceso de debate. La propuesta sigue generando polarización, reflejando la tensión entre la necesidad de garantizar el derecho a la educación y la protección del derecho a huelga de los trabajadores del sector.