El Gobierno avanza en la licitación de tramos viales y la privatización de rutas nacionales

El Gobierno Nacional tiene previsto lanzar en diciembre una licitación pública tanto nacional como internacional para concesionar dos tramos del corredor 18, que abarca rutas clave del Mercosur. Este corredor atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y conecta importantes pasos fronterizos con Uruguay y Brasil. La adjudicación de estos tramos está pautada para abril de 2025 y será el punto de partida para un ambicioso plan de privatización que involucra más de 8.400 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por la estatal Corredores Viales.

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La decisión fue confirmada en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una sesión del Senado, en respuesta a un pedido de los legisladores sobre el estado de las obras y el mantenimiento de las rutas. En su intervención, Francos destacó que el proceso de licitación para los tramos del corredor 18 se enmarca dentro de un plan mayor para avanzar con la privatización de la Red Federal de Caminos. Este proceso incluirá desde rutas en el litoral argentino hasta accesos clave como el puente Rosario-Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos.

El corredor 18 tiene más de 670 kilómetros de extensión e incluye las rutas nacionales 12, 14, 117, 135, la A015, y el tramo Rosario-Victoria sobre la ruta 74. Actualmente, está concesionado a la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), que lo administra desde 1990. El contrato con Crusa venció en octubre de 2023, y, tras dos prórrogas, se dará por terminado de manera definitiva en abril de 2025.

En el informe de gestión que el jefe de Gabinete brindó este miércoles en el Congreso se reafirmó que en diciembre se lanza la licitación pública para las rutas 12 y 14. El actual concesionario que demandó al Estado exige cumplir los términos del contrato.

El Gobierno ha señalado que los pliegos para la licitación ya están siendo elaborados, y se espera que las empresas interesadas presenten ofertas con compromisos claros en cuanto a obras y mantenimiento. Según los detalles revelados por el informe, la licitación será por un período inicial de 15 años, con una inversión limitada y la elección del concesionario basándose en una tarifa más baja, dentro de un tope establecido por el Estado. En caso de empate en las ofertas, el criterio de adjudicación se basará en la menor extensión solicitada para el contrato.

En una segunda etapa, el objetivo del Gobierno es concesionar más de 8.400 kilómetros de rutas nacionales que actualmente están bajo la gestión de Corredores Viales. Este proceso se llevará a cabo por etapas, dividiendo las rutas en once tramos, entre los que se incluyen importantes rutas como la nacional 33 en Santa Fe, la nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la nacional 19 en Córdoba. Un tramo destacado será la ruta 12, que conecta Cuatro Bocas con Puerto Iguazú, en el límite con Brasil.

El anuncio de la licitación para los tramos del corredor 18 ha generado preocupación en Crusa, que hasta la fecha mantiene una demanda judicial contra el Estado por incumplimientos contractuales. La empresa reclama la renegociación del contrato en lugar de una nueva licitación, señalando que está dispuesta a retirar la demanda si las condiciones de la negociación son razonables. Crusa también advirtió que la finalización del contrato podría poner en riesgo los empleos de sus 500 trabajadores regulares y los más de 30 adicionales que se incorporan en la temporada de verano.

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La empresa, que en 2023 ingresó en un proceso de concurso preventivo de crisis, sostiene que ha cumplido con sus obligaciones a pesar de las dificultades, incluyendo actualizaciones tarifarias que no han sido suficientes para cubrir los costos operativos y de mantenimiento de las rutas. Además, la firma asegura que ha realizado inversiones importantes en la infraestructura, como la autovía de la ruta 14, con una inversión de 800 millones de dólares. Sin embargo, también señala que las tarifas impuestas por el Estado no han sido suficientes para cubrir los costos de las obras y que sus solicitudes de aumento nunca fueron respondidas.

En este contexto, el Gobierno busca avanzar con su plan de privatización de rutas, que promete transformar la gestión vial en el país, pero no sin generar tensiones con los actores actuales y un debate sobre el impacto en los trabajadores y las condiciones laborales en las concesionarias.