El Gobierno de Milei intensifica su enfrentamiento con el INTA: impulsa jubilaciones anticipadas y lanza retiros voluntarios masivos

En un nuevo capítulo de su disputa con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el gobierno de Javier Milei ha anunciado un programa de jubilaciones anticipadas y una nueva tanda de retiros voluntarios destinados a reducir drásticamente el personal del organismo. Esta medida es vista por sectores críticos como parte de un plan para desmantelar progresivamente el instituto, clave en el desarrollo del sector agropecuario argentinoque afectará a 298 trabajadores además de anunciar la reubicación de oficinas en nuevas sedes.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Economía, que justificó la decisión señalando la necesidad de 'ajustar el gasto público' y 'modernizar las estructuras estatales'. Según el comunicado oficial, estas acciones permitirán una mayor 'eficiencia en el uso de los recursos', aunque no se detallaron planes para sustituir las funciones críticas que cumple el INTA en investigación, extensión rural y desarrollo tecnológico.

Los gremios del sector y organizaciones agropecuarias han manifestado su rechazo. Desde ATE-INTA, advirtieron que esta nueva tanda de retiros voluntarios afectará áreas clave como la asistencia técnica a pequeños y medianos productores, la investigación en biotecnología y los proyectos de adaptación al cambio climático. 'Se busca vaciar el organismo y transferir sus funciones al sector privado, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables del agro', afirmó un representante gremial.

Por su parte, referentes de la oposición calificaron la medida como un 'ataque deliberado' al sistema de innovación agrícola del país. 'El INTA no solo genera conocimiento, sino que fortalece la competitividad del campo argentino. Su destrucción tendrá consecuencias a largo plazo', expresó una legisladora opositora

Breve historia del INTA.

El INTA, fundado en 1956, ha sido históricamente una de las instituciones más reconocidas de Argentina por su impacto en la producción agropecuaria y su rol estratégico en la economía nacional. Sin embargo, desde la llegada de Milei al poder, el organismo ha estado en el centro de las políticas de ajuste, con presupuestos recortados y proyectos paralizados.

Mientras tanto, sectores vinculados al agronegocio han respaldado las medidas, argumentando que el Estado debe reducir su intervención en la actividad agropecuaria y permitir un mayor protagonismo del sector privado en la generación de innovación tecnológica.

El conflicto sigue escalando y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema científico y tecnológico del país, así como sobre las implicancias económicas y sociales para uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.