El Gobierno modificará el sistema antidumping para reducir costos e impulsar la competencia

Con el objetivo de reducir los precios de los productos locales y evitar abusos en las importaciones, el Gobierno argentino llevará a cabo una modificación en el sistema antidumping que regula el comercio exterior. La reforma, que será oficializada en los próximos días a través del Boletín Oficial, busca generar un equilibrio en la competencia y fomentar la transparencia en el mercado.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los principales cambios en la legislación vigente. La medida más significativa será la reducción de los plazos de duración de las medidas antidumping. Actualmente, las medidas pueden mantenerse en vigor por un periodo de hasta cinco años, con renovaciones indefinidas. Con la nueva normativa, se establecerá un límite de tres años con la posibilidad de una única extensión de dos años más, con el fin de evitar que estas medidas se conviertan en un derecho adquirido que dificulte la competencia.

Los derechos antidumping son impuestos a productos importados que ingresan al país a un precio inferior al valor de mercado en su país de origen, lo que genera una competencia desleal con la producción local. Caputo explicó que, en muchos casos, las medidas antidumping aplicadas en Argentina han encarecido productos básicos, perjudicando a los consumidores y a las industrias nacionales. Mencionó como ejemplo las bicicletas, las planchas eléctricas y los calefactores, cuyos precios en el mercado local superan ampliamente los valores en otros países, como Europa y Brasil.

Lo anunció el ministro Luis Caputo, quien cuestionó el sistema vigente.

Además, el ministro destacó el elevado costo de productos como las bombas de agua, las multiprocesadoras y los ventiladores, que enfrentan impuestos antidumping de hasta el 246%, 203% y 164% respectivamente. Según Caputo, estas tarifas elevadas generan distorsiones en el mercado, que se reflejan en precios más altos para los consumidores argentinos.

La reforma también incluirá cambios en los plazos de las investigaciones previas a la aplicación de los derechos antidumping. Antes, estos estudios podían extenderse hasta 12 meses, pero con los nuevos lineamientos, el tiempo máximo de análisis será de ocho meses, agilizando el proceso para evitar demoras innecesarias.

En cuanto a los trámites administrativos, la reforma buscará simplificar los procedimientos. La documentación, que hasta ahora debía presentarse ante dos dependencias distintas, se centralizará en la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Además, se integrarán en los análisis a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, con el objetivo de garantizar que las decisiones tomadas contemplen tanto el interés público como el de los consumidores.

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Caputo cerró su exposición asegurando que con esta reforma se busca promover una mayor competencia, restituir la función original de los derechos antidumping y generar un comercio exterior más equilibrado y transparente para el país. Con estas modificaciones, el Gobierno espera reducir los costos para los consumidores y mejorar las condiciones del mercado, impulsando así una economía más dinámica y competitiva.