El Gobierno Nacional tiene en la mira el plan Procrear y analiza vender las viviendas que están en construcción

El Gobierno Nacional incluyó en sus planes la eliminación del Plan Procrear, un programa instaurado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, destinado a la construcción de viviendas mediante créditos estatales. Los inmuebles que aún se encuentran en obra serían puestos a la venta, pero para avanzar con esta medida, el oficialismo deberá disolver el fondo fiduciario que originó el programa.

Si se elimina el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que actualmente depende del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y cuya coordinación está a cargo de la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, dirigida por Rodrigo Aybar, las 17.000 viviendas aún en construcción serían subastadas.

"Cada una de las obras en marcha todavía está siendo auditada. Se revisa una por una", aseguró una fuente oficial en declaraciones al portal Infobae. El Gobierno evalúa, en algunos casos específicos, la posibilidad de ceder la finalización de las obras a las provincias o municipios para que se terminen y se entreguen.

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Respecto a los créditos ya otorgados, se está llevando a cabo una revisión de los últimos 2.500 otorgados en noviembre de 2023, justo antes del fin del mandato de Alberto Fernández.

"Se contactó a cada uno de los beneficiarios y se les dio la oportunidad de cambiarlo por un crédito personal. El 70% ya aceptó la propuesta", aseguraron fuentes oficiales.

Las 17.000 viviendas en construcción del Procrear cuentan con financiación del Banco Hipotecario, además de algunas otras financiadas por el Fondo de Integración Sociourbana (FISU).

El 29 de octubre, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó el barrio de La Tablada, en la periferia de Rosario, donde firmó un convenio con el intendente Pablo Javkin para financiar el 90% de las obras de urbanización de dicho complejo habitacional, con un presupuesto de $7.000 millones. La ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Integración Sociourbana (FISU), Sebastián Pareja.

Obras. Las 17.000 viviendas en construcción del Plan Procrear están financiadas por el Banco Hipotecario.

En el marco de la propuesta de ceder la finalización de las obras a las provincias y municipios, algunos avances se están logrando, aunque de forma lenta. El gobernador Axel Kicillof fue uno de los primeros en comprometerse a finalizar y entregar las viviendas del programa en su provincia, especialmente aquellas que se encuentran a un bajo porcentaje de ejecución.

Igualmente, distritos como Avellaneda, al sur del Conurbano bonaerense, donde hay 3.000 viviendas en marcha, decidieron asignar fondos propios para culminar los proyectos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el miércoles pasado el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP), el cual otorgaba microcréditos productivos a empresas. Este cierre se inscribe dentro de un plan para reducir los gastos del Estado Nacional, que también ha incluido la disolución de otros organismos fiduciarios, como el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

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Entre otras irregularidades detectadas, una auditoría de la SIGEN reveló "debilidades en los procesos de rendición de cuentas o registración de información administrativa, contable y/o financiera, así como la ausencia de monitoreo y control" en el FONCAP.

La intención del Gobierno de reestructurar los fondos fiduciarios públicos está respaldada por el artículo 5 de la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, de acuerdo con las reglas establecidas en las normas de creación de dichos fondos y otras disposiciones aplicables". El control de estos fondos está a cargo de Luis Caputo, desde el Ministerio de Economía.

Una de las primeras provincias en manifestar su oposición a la eliminación del Procrear fue Formosa. La Defensoría Provincial ya solicitó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, así como al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que dejen sin efecto esta iniciativa.