El Gobierno suspendió el financiamiento a organismos de derechos humanos y auditará los fondos

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este jueves la suspensión del financiamiento a organismos de derechos humanos, en el marco de una auditoría para determinar el uso de más de $3.359 millones anuales. Según el funcionario, estos fondos se gestionaban sin la debida fiscalización y supervisión.

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Revisión de cuentas y congelamiento de pagos

A través de su cuenta de Twitter, Cúneo Libarona explicó la medida: "Iniciamos una auditoría y suspendemos todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas".

El recorte presupuestario afecta a 13 organismos de derechos humanos y a la administración del predio de la ex ESMA, donde se destinaban $16 millones mensuales solo para el mantenimiento del césped, según detalló el ministro.

"Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes", subrayó Cúneo Libarona.

Esta decisión se inscribe dentro de la política de reducción del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei, lo que ha generado una creciente tensión con organismos de derechos humanos históricamente vinculados a sectores kirchneristas y de izquierda.

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Antecedentes y conflicto con organismos de DDHH

El Ministerio de Justicia ya había aplicado ajustes en su estructura: en 2024 redujo su planta de personal en un 37%, lo que, según el Gobierno, significó un ahorro mensual de $820 millones.

En este contexto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, alertó en enero sobre posibles recortes en la ex ESMA, luego de una ola de despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria.

"Es terrible lo que está pasando, habría que denunciarlo, estamos en eso los organismos de derechos humanos. Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex ESMA", denunció Carlotto en su momento.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también manifestó su preocupación tras recibir telegramas de despidos dirigidos a empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Con la reciente decisión de suspender los pagos y auditar los fondos, el Gobierno avanza en su estrategia de recorte del gasto estatal, mientras se profundiza el conflicto con los organismos de derechos humanos y sectores opositores.