Fin del Potenciar Trabajo: Cómo será el nuevo programa que reemplaza planes sociales por inserción laboral

La mudanza del Potenciar Trabajo a la órbita del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social trajo ligado el fin del plan como se lo conocía: el gobierno nacional reglamentó en el Boletín Oficial el funcionamiento del nuevo Programa de Inserción Laboral (PIL), que reemplazará desde el 1 de enero de 2024 la entrega de planes sociales por la promoción de la formación e inserción laboral de la mano de un sistema de incentivos para las empresas y de derechos y obligaciones para los trabajadores.

"Se dispone la creación del Programa de Inclusión Laboral en el ámbito del Ministerio de Trabajo y el traslado de todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo al nuevo esquema", se informó tras la publicación del Decreto 565/2023. este miércoles El Ejecutivo detalló que la medida "tendrá como finalidad promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de las personas que se encuentren desempeñándose en el ámbito de la Economía Popular".

El mecanismo busca promover y facilitar la contratación de personas que buscan trabajo y son titulares de planes sociales. Con ese fin, el Estado office una serie de beneficios a las empresas empleadoras; que, sin embargo, tendrán que cumplir con ciertos requisitos para sumarse al programa: no figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y hacer crecer con las nuevas contrataciones la dotación de trabajadores a comparación de su promedio en 2021.

En tanto, tras los cambios en el programa, la iniciativa alcanza a los mayores de 18 años que no tengan empleo formal y pertenezcan a programas nacionales de asistencia social otorgados por la cartera de Trabajo, de Desarrollo Social o de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre ellos el Potenciar Trabajo; así como a los beneficiarios de la Beca Progresar y a los titulares del Seguro por Desempleo.

De acuerdo con la resolución, todas esas personas serán incluidas automáticamente en el PIL a partir del 1 de enero de 2024, cuando entre en vigencia el plan. En este marco, los adherentes al Potenciar Trabajo pasarán a percibir un monto mensual en concepto de ayuda económica. Los empleadores podrán descontar luego ese valor del salario total que perciben los beneficiarios.

Por su parte, los trabajadores inscriptos en el programa deberán cumplir con una serie de obligaciones. En primer lugar, tendrán que asistir a jornadas obligatorias de capacitación laboral por un período mínimo de un año. Junto a ello, deberán inscribirse en las bolsas de empleo de cada ciudad y gerencia según corresponda. Asimismo, los titulares del PIL tendrán que acceder a los controles de contraprestación pertinentes.

En tanto, los beneficios para las empresas participantes de la medida incluyen una reducción de las contribuciones patronales estipuladas por el Decreto 551/22. Además, las compañías podrán acceder a una ayuda económica que variará según la dotación de personal, la jornada de contratación y el género de la persona contratada, priorizando a las entidades más pequeñas que tomen a mujeres y a personas no binarias para trabajar a tiempo completo.

Finalmente, el gobierno nacional también deberá cumplir con su parte. Según indicó Infobae, las distintas áreas involucradas serán obligadas a diseñar y promover programas de capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo. Sumado a ello, tendrán que garantizar el apoyo económico prometido en la medida y desarrollar diversas actividades que serán auditadas por la Unidad Productiva supervisora.

Los cambios en el Potenciar Trabajo suceden después de la polémica por el hallazgo de casi 160.000 beneficiarios del plan que efectuaron viajes al exterior desde 2020 hasta la actualidad mientras percibían la ayuda entonces otorgada por el ministerio de Desarrollo Social. En total, se realizaron más de 1,4 millones de movimientos, entre vuelos, cruceros y desplazamientos en autos particulares. La investigación se encuentra ya en manos de la Justicia, donde dio intervención el juzgado federal de María Servini y el fiscal Franco Picardi.