El Gobierno Nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones transitorias de civiles que cometan delitos en flagrancia, según confirmó el ministro Luis Petri. La medida, publicada en una resolución oficial, busca reforzar el control de fronteras y ha desatado controversia. En su cuenta de X, Petri expresó: "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar".
La ley habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en el marco de los Códigos Procesales de las provincias y la nación, que contemplan la detención en flagrancia. Petri defendió la iniciativa, argumentando que "sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas". Además, destacó que países limítrofes y Estados Unidos, que en enero anunció medidas similares, utilizan sus fuerzas armadas para la vigilancia de fronteras. "¿Por qué acá algunos se escandalizan?", cuestionó.
El objetivo de la medida es limitar el uso de la fuerza a situaciones de defensa propia o de terceros frente a agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o el cumplimiento del deber. Sin embargo, la resolución prohíbe explícitamente el uso de armas contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de un puesto de control, instalaciones o destacamentos, incluso si existen sospechas fundadas de un acto ilícito.
La decisión ha generado un intenso debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y los límites de su intervención en tareas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad.
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