Intervención federal: qué dice la Constitución sobre lo que propuso Milei

¿Por qué Milei pidió la renuncia de Kicillof?

El presidente Javier Milei avivó la tensión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al sugerir que renuncie para permitir la intervención federal del distrito.

Su pedido surgió en el contexto del crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata durante un robo, hecho que generó una fuerte conmoción social.

La solicitud del mandatario reabrió el debate sobre la intervención federal, una herramienta excepcional contemplada en la Constitución Nacional para situaciones extremas que afecten el orden institucional de una provincia.

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¿Qué es la intervención federal y cuándo se aplica?

La intervención federal es un mecanismo constitucional que permite al Gobierno nacional asumir el control de una provincia en circunstancias extraordinarias.

Su propósito es garantizar la estabilidad institucional y restablecer el orden en caso de conflictos que afecten el funcionamiento del Estado provincial.

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¿Qué dice la Constitución sobre la intervención federal?

El artículo 6° de la Constitución Nacional establece que el Gobierno federal puede intervenir una provincia en tres situaciones específicas:

· Para garantizar la forma republicana de gobierno.

· Para repeler invasiones exteriores.

· Para restablecer autoridades legítimas en caso de sedición o invasión de otra provincia.

En estos casos, el Gobierno nacional puede reemplazar temporalmente a las autoridades locales mediante un interventor designado para normalizar la situación.

BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF

.@Kicillofok Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las...

- Javier Milei (@JMilei) February 28, 2025

¿Quién decide la intervención federal de una provincia?

El Presidente no puede intervenir una provincia de manera unilateral. Según el artículo 75, inciso 31, la facultad de intervención corresponde al Congreso Nacional.

Sin embargo, en casos de urgencia, el Presidente puede decretarla durante el receso del Congreso. En ese escenario, la medida deberá ser ratificada o revocada posteriormente por el Poder Legislativo.

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Intervenciones federales en la historia de Argentina

Desde 1853 hasta 1976, Argentina registró más de 170 intervenciones federales. Muchas de ellas fueron utilizadas como herramienta de control político, generando debates sobre su abuso por parte del Gobierno central.

Algunos de los casos más recordados son:

• Buenos Aires (1930): Tras el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el gobierno de facto intervino la provincia para consolidar su poder.
• Santiago del Estero (2004): El Congreso aprobó la intervención para destituir al gobernador Carlos Juárez, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
• Tucumán (1976): Durante la dictadura militar, la provincia fue intervenida en el marco del Operativo Independencia, destinado a erradicar la guerrilla.

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¿Puede aplicarse la intervención federal por problemas de inseguridad?

La inseguridad es una de las principales preocupaciones en Argentina, pero no está contemplada explícitamente en la Constitución como causal de intervención federal.

Para que el Gobierno nacional impulse una medida de este tipo por motivos de inseguridad, debería argumentar que se está afectando la forma republicana de gobierno o que existe un vacío de poder.

Además, la decisión final dependería del Congreso Nacional, lo que limita la posibilidad de que el Ejecutivo la utilice de manera discrecional.

La intervención federal, una herramienta de uso excepcional

La intervención federal en Argentina es un recurso extremo, diseñado para preservar el orden institucional en situaciones de crisis.

Si bien ha sido utilizada en diversas oportunidades a lo largo de la historia, su aplicación está sujeta a estrictos límites legales y control político, para evitar su uso como mecanismo de abuso por parte del Gobierno central.