Juicio por YPF: el fondo buitre quiere embargar activos de Aerolíneas y otras empresas públicas

El fondo de inversión Burford Capital busca embargar activos de Aerolíneas Argentinas como parte de sus esfuerzos para cobrar un fallo judicial por 16.000 millones de dólares relacionado con la expropiación de YPF, según informó el diario Financial Times.

El medio británico también señala que el fondo buitre podría intentar embargar otros activos estatales, como Arsat, Enarsa y el Banco Nación, bajo el argumento de que son "alter egos" del Estado argentino, aunque los abogados de la Argentina niegan que sea posible.

Este fallo a favor de Burford, dictado por la jueza neoyorquina Loretta Preska, se originó en el juicio por la estatización de YPF en 2012, liderada por Axel Kicillof, entonces ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner.

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El Financial Times menciona que Burford utiliza el argumento legal del "alter ego", lo que implica que empresas como Aerolíneas Argentinas, YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, así como el Banco Nación, son extensiones del Estado argentino. Esto podría permitir que sus activos en el extranjero sean embargados a favor de Burford.

El artículo también recuerda el caso del fondo Elliott, que duró 15 años e incluyó la retención de la Fragata Libertad en Ghana, hasta que finalmente se alcanzó un acuerdo durante la presidencia de Mauricio Macri.

Según el Financial Times, los abogados de Burford acusan a los de la Argentina de llevar a cabo "procedimientos descarados" para frustrar sus intentos de recuperación, mientras que señalan que el actual presidente libertario, Javier Milei, se encuentra en un extremo ideológico opuesto al de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Intención. El fondo Burford quiere quedarse con activos pertenecientes a las empresas estatales.

El presidente Milei ha expresado su intención de reprivatizar YPF y otras empresas estatales y ha manifestado su disposición a pagar si la apelación en curso no prospera. Sin embargo, el conflicto entre Argentina y Burford es más tenso que nunca, según documentos judiciales.

Los abogados de Burford también han solicitado a la justicia estadounidense que les permita investigar la relación entre algunas empresas y el Estado, destacando a YPF, cuyo valor de mercado asciende a 10.700 millones de dólares, de los cuales el Estado argentino posee el 51%. Argumentan que YPF ha sido utilizada para nombramientos políticos y para fijar precios de combustibles, lo que demostraría que es un "brazo del Estado".

Sebastián Maril, de Latam Advisors, experto argentino en el caso, señala que los bonos corporativos de YPF, algunos garantizados por exportaciones de petróleo, serían los activos más accesibles para los acreedores. Si YPF fuera considerada un "alter ego" del Estado, el precio de estos bonos podría colapsar, incluso si los acreedores no logran embargarlos.

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El objetivo de Burford es forzar a Argentina a negociar, pero el artículo indica que fuentes cercanas al gobierno argentino confían en que los activos del país no están al alcance de los acreedores y que las acciones de YPF son "absolutamente inmunes" al embargo. No obstante, Maril advierte que esta postura podría ser un "gran error y una decisión costosa".

En cuanto al Banco Central, los abogados de Burford argumentan que es utilizado como un instrumento del Estado, y mencionan que Milei ha prometido cerrarlo, lo que demostraría que también está controlado por el Estado. Sin embargo, expertos consultados por el Financial Times señalan que las reservas de los bancos centrales suelen tener una "fuerte inmunidad contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones, incluido Estados Unidos".

Otros activos bajo la mira de Burford incluyen Aerolíneas Argentinas, que Milei intentó privatizar sin éxito. La aerolínea controla el 60% del mercado local de vuelos y tiene una flota de 84 aviones, aunque la mayoría están bajo arrendamiento. Burford también apunta a Arsat, Enarsa y el Banco Nación, todas ellas compañías que, según el artículo, son objetivos de privatización del gobierno de Milei.