La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), desbarató maniobras de evasión fiscal de una firma alimenticia que había subfacturado sus exportaciones. El organismo conducido por Carlos Castagneto determinó ajustes en el impuesto a las ganancias por más de 143 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2020 y 2021, al tiempo que evalúa posibles inconsistencias en las declaraciones juradas de 2022 de ese mismo tributo que presentó recientemente.Agentes de las áreas especializadas de la DGI descubrieron que la empresa realizó triangulaciones desde julio de 2020, por medio de una cadena que tenía eslabones en Chile y Estados Unidos. Para llevar adelante estas maniobras fraudulentas, la compañía investigada diseñó una ingeniería comercial que consistía en usar un intermediario radicado en territorio norteamericano, al que se le facturaban operaciones por montos sensiblemente inferiores a los reales por productos que, en realidad, se enviaban directamente desde Argentina al país trasandino.La subfacturación de exportaciones provoca un ahuecamiento de la base imponible en el impuesto a las ganancias, lo que redunda en un pago de impuestos inferior al que le correspondía por esas ventas al exterior. Además, con este tipo de maniobras se evita de forma ilegítima abonar los tributos relacionados al comercio exterior, mientras que también impacta de forma negativa en el mercado cambiario, ya que se liquidan divisas por un monto inferior al real.Esta simulación de ventas a Estados Unidos desarticulada dio lugar a diferencias en el impuesto a las ganancias estimadas en 143.110.000 pesos.En ese sentido, las acciones de fiscalización de la AFIP continúan con el análisis de todas las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio 2022, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias con la Declaración Jurada del impuesto a las ganancias recientemente presentada.
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.