La Comisión de Justicia del Senado debatirá proyecto sobre delitos de trata infantil en medio del caso Loan

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el legislador libertario Juan Carlos Pagotto, se prepara para dictaminar este jueves un proyecto de ley crucial en el contexto del reciente caso Loan, que involucra la desaparición de un menor en Corrientes. La iniciativa, que propone imponer penas de entre cuatro y diez años de prisión para quienes reciban o entreguen un niño o niña, ha sido objeto de intensos debates y ajustes.

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Cabe recordar que el proyecto, impulsado inicialmente por la radical Carolina Losada y respaldado por un texto similar del kirchnerista Antonio Rodas, fue aprobado en general a principios de este mes. Sin embargo, un error significativo en la propuesta generó dudas y llevó a que el texto fuera devuelto a la comisión para su revisión. De esta manera, para mejorar el proyecto, la comisión convocó a varios expertos. Entre ellos, el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien actualmente es vicepresidente de la comisión que redacta el nuevo Código Penal. Borinsky ha presentado una serie de sugerencias clave para perfeccionar la legislación.

El magistrado destacó la necesidad de que los delitos relacionados con la compraventa de niños sean tipificados de forma autónoma y con una categoría independiente debido a su extrema gravedad. Según Borinsky, esto contribuirá a la previsibilidad y seguridad jurídica que Argentina necesita para integrarse de manera efectiva en el contexto internacional.

Entre las observaciones más relevantes de Borinsky se encuentra la incorporación del término "ilegítimamente" después de "entregar" para precisar la conducta ilícita. También recomendó diferenciar las penas para quienes actúan con lucro frente a aquellos que no lo hacen, proponiendo otorgar el tercio superior de la escala penal en casos de lucro, en lugar de aumentar los mínimos y máximos de las penas.

Asimismo, Borinsky hizo hincapié en la necesidad de mantener la coherencia en la escala punitiva, señalando que los facilitadores no deben estar en una categoría más grave que los autores del delito. Además, abogó por la competencia federal en estos casos debido a su trascendencia y a los problemas que el traspaso de casos a las provincias puede generar. En su exposición, también aclaró que la atenuación de penas por vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales ya está contemplada en el Código Penal y no necesita ser reiterada en esta nueva ley para evitar controversias. Además, advirtió que los funcionarios públicos que intervengan en estos delitos no deben quedar con una escala punitiva inferior a la conducta original.

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Si la comisión aprueba el dictamen el jueves, el proyecto podría ser debatido en el Senado en la sesión planificada por el oficialismo para el 14 o 15 de agosto. Esta sesión también incluiría la discusión sobre una ley para mejorar las jubilaciones, aprobada por la oposición en Diputados en junio pasado, y que la Libertad Avanza busca modificar y devolver a la Cámara baja. Posteriormente, el Senado se concentrará en analizar los candidatos propuestos por el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.