25/09/2023
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió
que no se puede eliminar el peso como moneda de curso legal en la Argentina.
Las advertencias del máximo tribunal sobre los límites constitucionales que
impedirían llevar adelante las propuestas de dolarización adelantan para el
próximo gobierno que la cabeza del Poder Judicial no descarta profundizar su
intervención sobre el rumbo del Estado desde la revisión de constitucionalidad.
"Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de
la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Hay que tener
una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la
moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla", había explicado
Rosatti. Asimismo, aludido por esa definición, el candidato a Presidente de La
Libertad Avanza, Javier Milei, respondió que "me parece que las
interpretaciones de Rosatti no son apropiadas. Le hago una pregunta a Rosatti:
¿Por qué avala robarle a los argentinos con el señoreaje 25 millones de dólares
por año? ¿Por qué se pone del lado de los políticos ladrones y en contra de los
políticos de bien?".
Milei junto a uno de sus principales economistas y defensor de la
dolarización, Emilio Ocampo, consideran que los ingresos que percibe el Banco
Central por la emisión monetaria es un "robo".
Cuando señaló a la política monetaria, como a la obligación de tener una
moneda propia como Estado, Rosatti aludió al artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional, que obliga al Congreso
a proveer a "la defensa del valor de la moneda", sin más precisiones. Cabe mencionar que estas
declaraciones no constituyen la primera intervención política del juez, cuya
actuación en los últimos años y el rol de su asesor Silvio Robles están en el
centro de las acusaciones de los diputados oficialistas cada vez que se reúne
la comisión de Juicio Político.
El primer fallo de la Corte que conmovió la escena política fue haber
declarado inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que en el año
2006 redujo sus miembros de 20 a 13 miembros. La Corte resucitó un viejo
planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y determinó que el
Consejo no respetaba el equilibrio entre representantes "técnicos"
(jueces, abogados y académicos) y "políticos" (legisladores y el
representante del Ejecutivo). Con este fallo, Rosatti se ubicó al frente
del organismo, que desde entonces quedó desbalanceado, debido a que luego de la
resolución del máximo tribunal quedó nuevamente en vigencia la ley que regulaba
previamente la composición y el funcionamiento del Consejo, y que había estado
vigente hasta el año 2006.
Por su parte, Rosatti aludió a estos choques entre los tres poderes del
Estado, ya sea por la conformación del Consejo de la Magistratura o por una
eventual dolarización si llegara a imponerse en las urnas la propuesta de Milei:
"El diseño de la división de poderes, que programó Montesquieu hace varios
siglos, es un diseño que cada tanto cruje".
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