La pelea entre Bullrich y Caputo, urgencia por la conformación de la bicameral y el pedido del Gobierno a la oposición

La ampliación excesiva de fondos y sobre todo su carácter reservado, es lo que más duda genera en cuanto a transparencia y en cuanto a lo institucional respecto de los planes del Gobierno para los servicios de inteligencia. El próximo martes será la reunión constitutiva para la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un momento clave dado que quienes lo conformen serán los únicos en acceder a la información sobre lo que se haga con los fondos.

Dentro del Congreso, muchos a los cuales se les preguntan por el tema lo definen como "un disparate" fundamentalmente por el tema del carácter reservado. Hay distintas posiciones en los tiempos, mecanismos, formas de control, y más allá que una buena parte de la oposición quiere preservar una buena relación con el gobierno, otros insisten en limitar el poder de control.

La sesión para tratar el DNU que habilita la ampliación del presupuesto para la SIDE en 100 mil millones de pesos se cayó porque el oficialismo pidió tiempo. No contaba con el apoyo suficiente para su aprobación y a fin de acomodar la cancha a su favor le pidió a un sector de la oposición, más precisamente al radicalismo, que no fueran a la sesión. A cambio de ello, se planteó la conformación de la Comisión Bicameral, aunque sectores de la oposición advierten que la convocatoria no equivale a validar el DNU, pero si "compra tiempo" en controlar la rendición de fondos teniendo en cuenta que ya se ha devengado el 80% de ese dinero. Si esa Comisión no se conforma, la discrecionalidad del Gobierno para con esos fondos seria total.

Entre las acusaciones y aclaraciones que intenta hacer oficialismo respecto del dinero, asesores explican que hasta el momento el destino para los fondos esta asignado, pero no ejecutado. La diferencia es que el monto está comprometido, pero aún no se ha utilizado como denunciaron algunos legisladores.

En diálogo con Mundo Poder, fuentes del Congreso, afirmaron que el Gobierno defendió el exorbitante número destinado a actividades de inteligencia por "las amenazas de Irán y los grupos terroristas". Mas allá del argumento, quienes negocian con el gobierno pidieron una garantía de que ese sea el destino real y el monto no vaya hacia la inteligencia interna o incluso el manejo de trolls para "operaciones" del oficialismo. La única garantía que puede dar el oficialismo es a través del control que quedaría a cargo de la comisión mencionada anteriormente.

En el Congreso preocupa no solo el DNU respecto de los fondos reservados si no también el de la reestructuración de los organismos de inteligencia, un tema del que no se está hablando en profundidad, pero se advierte sobre la puesta en escena de una nueva estructura para la SIDE y sus funciones. La pregunta que se abre, en este sentido, es si el oficialismo plantea, a partir de esa nueva estructura, desarrollar también la inteligencia o el espionaje interno.

La constitución de la Comisión implicaría que el Gobierno tenga que sentarse frente a 12 legisladores de representación plural para rendir cuentas respecto a cómo, cuándo y por qué se asignó determinada cantidad de dinero para determinada actividad de inteligencia; entendiendo que lo que se reporte no se podrá divulgar por estar bajo la obligación de preservación de secreto entendiendo que "estaría comprometida la seguridad del Estado". Por estas horas, se negocia quien presidiría ese espacio.

Caputo VS Bullrich

Aunque Santiago Caputo lo haya negado públicamente, muchos lo señalan como el "armador" quien también tendría buena parte (o todo) el control dentro de los servicios de inteligencia, aunque ese poder también abrió una interna con Patricia Bullrich.

Lo describen como un hombre de "altísima influencia para el Gobierno" y más precisamente para el presidente Javier Milei hasta incluso más que su hermana Karina. Si ella es "la guardiana de la lealtad a LLA", él es la cabeza detrás del Gobierno.

Esto se vio en la reciente aprobación en Diputados para la Ley de Datos Genéticos, un proyecto que impuso Patricia Bullrich y que va a permitir la comparación de huellas genéticas recogidas en escenas de crímenes con los perfiles genéticos de individuos imputados y condenados. Inicialmente se planteaba ubicarlo institucionalmente en el Ministerio de Seguridad, pero después de una larga discusión al respecto y la negativa de los votos para ir hacia esa cartera, terminó en el Ministerio de Justicia. Dentro del Congreso, esto se leyó como un fortalecimiento dentro del Gobierno para otro sector incluso a expensas de Patricia Bullrich.

De todos modos, la ministra tiene peso propio. Tiene las condiciones de disputar, dentro de LLA, el lugar de preponderancia que hoy tiene el asesor Caputo. Patricia Bullrich es la "ministra más popular" y tiene fuerza personal: "no es alguien a quien puedas tocar con mucha facilidad y que no tenga consecuencias públicas. Cuando tenés un conflicto con alguien así terminas teniendo una guerra fría", afirma un asesor.

Lo que se viene ...

La conformación del martes será clave. Si eso por algún motivo no se hiciera, seria "el peor de los mundos" porque no habría ningún control sobre el manejo de los fondos y eso, incluso, inclinaría la balanza a que el próximo miércoles haya quórum para voltear el DNU. Claro que el Gobierno lo sabe, entonces si no lo evita es por su propia torpeza. Entonces, como sabe eso, debiera ser todo conducente para que el martes la Comisión se constituya con normalidad. Si eso sucede, estaría el mecanismo de control para los fondos con lo cual, si el oficialismo empieza a gastar los 100.000 millones de pesos, ya estaría conformada la Bicameral que lo audite, hasta tanto se apruebe o rechace el DNU.

Por estas horas, se lleva a cabo la disputa por quien se ubique en la presidencia de esa Comisión. Allí contra la voluntad de Santiago Caputo y el deseo de dirigentes del PRO, aparece el nombre del públicamente crítico del Gobierno: MartÍn Lousteau.