La Procuración del Tesoro pidió el reintegro de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

La Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Rodolfo Barra, ha emitido un dictamen que respalda el reclamo para que el ex vicepresidente Amado Boudou devuelva la jubilación de privilegio que percibe desde su salida del cargo. La recomendación es que este reintegro se haga de manera retroactiva, lo que implica que la ANSES podría solicitar el retorno del dinero desde diciembre de 2020, fecha en la que la Corte Suprema confirmó su condena en el caso Ciccone.

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Este dictamen fue entregado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el 19 de diciembre, en respuesta a un pedido del organismo para determinar si era procedente iniciar una acción para que Boudou devuelva lo que considera un beneficio indebido.

El documento señala que el acto de revocación de la jubilación de privilegio debe tener efectos retroactivos, sugiriendo que ANSES tome las medidas necesarias para recuperar los fondos abonados durante el período en que Boudou percibió este beneficio. El dictamen resalta que, según el principio de que nadie debe enriquecerse a costa del patrimonio estatal, el organismo debe proceder a recuperar los fondos que fueron entregados sin causa legal.

En noviembre de 2023, la ANSES ya había dado de baja la jubilación de privilegio de Boudou, fundamentando su decisión en que el exvicepresidente fue condenado por delitos relacionados con la administración pública, lo que invalida el beneficio otorgado en razón del honor y el buen desempeño en el cargo. Además, la ANSES argumentó que el pago de dicha jubilación vulneraba los principios fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno establecidos en la Constitución Nacional.

La cifra que Boudou recibió en noviembre fue significativa: un monto bruto de más de 10 millones de pesos, lo que representó cerca de 8.2 millones de pesos netos. Ahora, la ANSES deberá definir qué período exacto cubrirá la acción de recupero, con algunos considerando la posibilidad de solicitar la devolución de hasta cuatro años de pagos, lo que podría superar los 400 millones de pesos a valores actuales.

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Este caso no es el único que involucra a exfuncionarios públicos y sus jubilaciones. De hecho, en paralelo, la ANSES también estudia la posibilidad de iniciar una denuncia penal contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la bonificación extra que recibe en su jubilación por zona austral. Aunque la exmandataria reside en la Ciudad de Buenos Aires, sigue percibiendo un plus por tener domicilio en Río Gallegos, una zona considerada como desfavorable. Esta situación ha generado polémica y ya está siendo investigada por la Fundación Apolo, que presentó una denuncia por fraude en perjuicio del Estado.

En los próximos días, la ANSES buscará una consulta adicional con la Procuración del Tesoro para definir el alcance de las acciones que tomará respecto a la devolución del plus de la zona austral y desde qué momento se debería exigir el reintegro del dinero percibido en exceso.

Este cúmulo de casos ha puesto nuevamente sobre la mesa la cuestión de las jubilaciones de privilegio para funcionarios públicos y la posible revisión de los beneficios que reciben tras dejar el cargo, en un contexto de creciente reclamo por la justicia fiscal y la rendición de cuentas en el uso de los recursos del Estado.