Motosierra en las aulas: Examen del conflicto en la educación pública tras el llamado del gobierno a las universidades

En la Casa Rosada se sabe bien que la marcha del 23 de abril es inevitable. Los frenéticos intentos por desactivar una manifestación que se anticipa como megaconvocante por la diversidad y masividad del reclamo y por la reacción social que provoca el daño a una fibra siempre sensible de la identidad argentina como lo es la educación pública nacieron, esperadamente, ya marchitos. El gobierno de Javier Milei pondrá pues la mejilla y, tras el inmenso recorte de presupuesto a las universidades nacionales, llamará el 30 de abril a un cónclave para debatir una eventual actualización del plan financiero para el sector académico.

El ministerio de Economía no pudo cumplir su cometido: los tibios intentos de recomponer las partidas esgrimidos en las últimas horas por la cartera no fueron más que "una propuesta informal" que "no resuelve nada" para las casas de estudio nacionales, muchas de las cuales han visto prorrogados para este año los mismos fondos que en 2023 como si en medio no se hubiera registrado un 370% de inflación acumulada en materia de Salud y Educación: la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que no llegará a julio; el Hospital de Clínicas, que se halla "al límite de funcionamiento" frente a facturas "multiplicadas por siete".

Será tarea entonces del ministerio de Seguridad hacer frente a una movilización que se plantea "histórica". Es que incluso si se diera luz verde la iniciativa presentada bajo la forma de un anuncio inconsulto por parte del Palacio de Hacienda, que dispone un aumento del 70% en marzo para los gastos de funcionamiento, esos costos explican nada más que el 10% del presupuesto total de las instituciones: el otro 90% incluye, entre otras asignaciones, los salarios docentes, que perdieron un 35% de su poder adquisitivo mientras los aumentos a senadores y a funcionarios públicos se otorgan a diestra y siniestra.

Frente a todo esto apareció finalmente el ministerio de Capital Humano, que incluye bajo su órbita a la secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell. A sabiendas de la inevitabilidad de la protesta el martes próximo, el área opta por prepararse para el impacto y, con suerte, dejar atrás el bache para encauzar después la relación con las universidades a partir del 30 de abril. Con ello en mente serán recibidos en la dependencia del organismo los representantes académicos nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un encuentro anunciado este viernes por la administración de La Libertad Avanza.

Habrá matices, pero como argumentó el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, el plan de lucha de las autoridades universitarias no tiene por objetivo hacer volar la secretaría de Educación sino simplemente garantizar el mero funcionamiento de las casas de estudio sin que la motosierra destroce las aulas sin retorno. Por eso el temario del cónclave del 30 de abril contemplará la discusión acerca de auditorías y fiscalizaciones de gastos en las universidades y, como plato fuerte, la discusión por una ampliación del presupuesto y por un cronograma de desembolsos para los hospitales que dependen de las instituciones.

"¿Cuándo cierra la UBA?", le consultaron a Yacobitti en TN. "Esperemos que nunca, pero depende de lo que tarden en cortar la luz y el gas. Así, la universidad no puede durar más de dos meses", replicó. Esta semana, un catastrófico salto del 577% en las tarifas llevó al Consejo Superior de la academia a declarar por unanimidad la emergencia económica. Ahora las aulas se mantienen a oscuras y, todo indica, recibirán el invierno sin hacer uso de la calefacción, pero ese es el menor de los problemas en una casa de estudios en peligro de extinción. Lo que se discutirá en las calles el 30 de abril va mucho más allá: es la lisa y llana defensa de la educación pública.

Por Manuel Román.