Nuevo embargo a activos de Argentina aumenta la presión de los acreedores internacionales

La jueza estadounidense Loretta Preska ha autorizado el embargo de 310 millones de dólares correspondientes al colateral de los Bonos Brady, un fallo que agrega más presión sobre Argentina en los tribunales internacionales. Además, la magistrada ordenó la congelación de otros 100 millones de dólares hasta que dos grupos de acreedores, Attestor Master y Bainbridge Fund, resuelvan su disputa sobre esos fondos.

LEE MÁS: Aseguran que Foster Gillett aún no pagó los refuerzos de Estudiantes

Este embargo se suma a una reciente medida similar en Londres, donde se ejecutaron garantías por un valor de 325 millones de dólares relacionadas con el Cupón PBI, lo que amplifica las dificultades legales del país frente a los holdouts, aquellos acreedores que no participaron en los canjes de deuda realizados por Argentina desde el default de 2001.

Los grupos de acreedores, entre ellos Attestor Master y Bainbridge Fund, han obtenido fallos favorables que les permiten embargar activos argentinos. En el caso de Attestor Master, tienen derecho a reclamar 460 millones de dólares, mientras que Bainbridge Fund tiene una reclamación de 100 millones de dólares. La Corte Suprema de EE.UU. rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que dejó en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

El conflicto se centra en los activos argentinos ligados al colateral de los Bonos Brady, instrumentos que fueron entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. Aunque Argentina terminó de pagar sus obligaciones en 2023, liberando ciertos activos, los acreedores no participaron en los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016, lo que los lleva a seguir adelante con sus reclamos.

LEE MÁS: Daniel Barenboim dio a conocer que tiene mal de Parkinson

A pesar de los intentos de algunos fondos de ampliar el embargo, como lo hizo Bainbridge Fund, la jueza Preska solo autorizó la congelación de 100 millones de dólares, limitando la extensión de las medidas. Sin embargo, la decisión refuerza la persistente batalla legal que los holdouts han librado durante más de dos décadas, buscando recuperar la deuda impaga desde el colapso económico de 2001.

Este nuevo giro en la disputa resalta los continuos desafíos legales y económicos que enfrenta Argentina, mientras los acreedores siguen avanzando en sus reclamaciones. En un contexto económico complejo para el país, esta nueva presión judicial plantea un escenario incierto que podría prolongar aún más la resolución de esta histórica deuda.