Obligan al Estado argentino a mantener asistencia alimentaria tras fallo judicial

El juez Walter Lara Correa ha dictado un fallo que obliga al Estado argentino a garantizar la asistencia alimentaria, reafirmando su responsabilidad en la protección del derecho a la alimentación. Esta decisión responde a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en representación de comedores comunitarios que no han recibido apoyo alimentario desde febrero de este año.

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En su resolución de 129 páginas, el magistrado subraya que el derecho a la alimentación es una obligación continua del Estado, respaldada tanto por la legislación nacional como por compromisos internacionales. "Los grupos más vulnerables, como niños, mujeres y personas con discapacidad, son los principales beneficiarios de este derecho", afirmó el juez.

El fallo exige al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que mantenga los programas alimentarios en funcionamiento sin retrocesos. Además, se establece la obligación de presentar informes mensuales sobre la implementación de estas políticas y se ordena la actualización del Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM). Este último punto es especialmente relevante, ya que ha habido denuncias sobre comedores que, aunque figuran en el registro, no reciben asistencia real.

También le solicitó al Ministerio de Capital Humano reanudar programas de alimentos suspendidos, y marcó la necesidad de "mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM)".

El juez ha reconocido la importancia de diversas iniciativas alimentarias, como el "Plan Nacional Argentina Contra el Hambre" y el "Programa Alimentar Comunidad", instando a su efectiva continuidad. También ha subrayado la necesidad de que el Gobierno, bajo la administración de Javier Milei, ajuste sus políticas alimentarias a los principios previamente establecidos.

A pesar de que este fallo es un paso significativo para garantizar el derecho a la alimentación, también permite al Ministerio de Capital Humano cierta discrecionalidad en la gestión de los programas, un aspecto que los ex funcionarios de la cartera han defendido como esencial para su autonomía.

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Vale destacar que Sandra Pettovello enfrenta dos procesos judiciales, patrocinados por la UTEP, en los cuales se investiga su posible incumplimiento de deberes como funcionaria pública. A pesar de estas dificultades, el Ministerio argumenta que ha logrado mejorar el poder adquisitivo de las familias vulnerables, aumentando la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que ahora alcanza montos significativamente mayores que en diciembre de 2023.

Con este fallo, la justicia argentina refuerza el compromiso del Estado en la lucha contra el hambre, en un contexto donde las políticas alimentarias son más necesarias que nunca. La sentencia marca un precedente en la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis económica.