Quién es y cuáles serán las medidas de Eduardo Rodríguez Chirillo, el futuro secretario de Energía de Javier Milei

El gabinete del presidente electo Javier Milei continúa llenando los espacios vacíos a menos de dos semanas del traspaso de mando: este martes sumó un nuevo nombre con la confirmación de que el abogado Eduardo Rodríguez Chirillo será el secretario de Energía, área que funcionará en el seno del ministerio de Infraestructura. El flamante designado, quien fue consultor del extitular de Economía Domingo Cavallo durante el menemismo, tendrá a su cargo la reestructuración del sistema energético nacional, que incluiría la privatización de numerosas empresas públicas.

"La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina informa que Eduardo Rodríguez Chirillo estará al frente de la cartera de Energía en el gobierno entrante", comunicó este mediodía el canal de comunicación oficial de la futura gestión de La Libertad Avanza (LLA). Con todo, su nombramiento ya había sido anticipado por el futuro ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, quien tendrá bajo su órbita el área de Energía en lugar de depender del Palacio de Hacienda, como funcionó en el gobierno de Alberto Fernández.

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— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) November 28, 2023

Rodríguez Chirillo es un abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA). Vive en España hace veinte años. Su currículum revela actividad tanto en el sector público como en el privado. Así, se desempeñó como consultor de la cartera de Energía de la Nación en dos ocasiones: primero, entre 1995 y 1996, cuando asesoró a Cavallo en la reforma de Estado que ejecutó de la mano del presidente Carlos Saúl Menem; luego, en 2001, cuando colaboró con el ministerio de Infraestructura y Vivienda de la gestión de Fernando De La Rúa.

Posteriormente, trabajó como gerente de asuntos regulatorios de Azurix, la firma que tenía a su cargo la concesión del servicio de agua en parte de la Provincia de Buenos Aires. Ya radicado en España, siguió ligado al área energética, esta vez como director jurídico para Latinoamérica del conglomerado Iberdrola. Además, asistió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuestiones de aprovechamiento de proyectos hidroeléctricos en la Argentina.

Es autor del libro "Privatización de la empresa pública y post privatización: análisis jurídico", una verdadera evidencia de su enfoque en torno al diseño estatal. De aquí la propuesta de Rodríguez Chirillo: implementar una reestructuración de contratos de los servicios públicos y una recalibración del esquema de subsidios. El planteo no es eliminar las ayudas económicas de cuajo sino reorganizar el sistema para que beneficie a los sectores más vulnerables mientras funciona de forma sostenible y eficiente.

Estos lineamientos van en línea con la política expresada por el propio Milei, quien ya reveló que impulsará una ola de privatizaciones que afectarán, entre otras, a la cartera de Energía. El economista ya anticipó su máxima: "Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado". Allí caen compañías estatales como YPF y Enarsa; además de ARSAT, Trenes Argentinos, AySA y medios de comunicación como Télam, TV Pública y Radio Nacional.

Rodríguez Chirillo jugará un rol central en el desarrollo de estas medidas. Desde una perspectiva macro, y siempre según las declaraciones de LLA, su gestión buscará favorecer la inversión privada para modernizar y hacer crecer la infraestructura energética del país. En el plano del comercio internacional, la secretaría intentará promover las exportaciones a largo plazo y quitará los aranceles a las importaciones en varios productos. Se propondrá también un "sendero de precios" para estabilizar la economía y calmar la volatilidad de precios.

Al mismo tiempo, se planteará migrar desde un programa de subsidios a la oferta a uno de subsidios a la demanda como un intento de volver al sistema más justo y eficiente, de acuerdo con los planes declarados por el gobierno entrante. En principio, la reestructuración se realizaría sobre el Estado y sin un aumento de tarifas, a modo de proteger a los consumidores, especialmente a los de menor poder adquisitivo. Sin embargo, no se descartan los incrementos futuros en las tarifas, incluso con actualizaciones periódicas según la inflación.