Según Maduro, el gendarme detenido en Venezuela quería matar a la vicepresidenta

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevó su enfrentamiento con Argentina a un nuevo nivel al acusar al gendarme argentino Nahuel Gallo de conspirar para atentar contra la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez.

Maduro lanzó estas acusaciones durante una transmisión en la televisión estatal venezolana, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus declaraciones. Además, vinculó al Gobierno argentino con esta supuesta "conspiración".

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"Algunos chillaron, como los argentinos, pero yo puedo decirlo hoy: nosotros a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios, siempre tenemos que agradecerle a él, tenemos una inteligencia muy buena; ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez", afirmó Maduro.

En referencia a Gallo, quien permanece detenido en Caracas, Maduro agregó: "Es mentira que tiene una novia aquí, ese señor tiene su esposa en Argentina". Sin embargo, la esposa del gendarme ha realizado múltiples apariciones públicas reclamando la liberación de su marido.

Cautiverio. Gallo caminando en el centro de detención venezolano donde está alojado.

"El Gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela, así lo denuncio", insistió Maduro, sin ofrecer evidencia de estas acusaciones. Estas afirmaciones coinciden con las declaraciones del ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, quien acusó a Gallo de realizar labores de espionaje en Venezuela bajo la apariencia de un viaje familiar.

Por su parte, el Gobierno argentino rechazó de manera categórica estas acusaciones, calificándolas de infundadas y afirmando que Gallo enfrenta una situación de "gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos".

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Nahuel Gallo, de 33 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 mientras intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia. El gendarme, que trabajaba en Mendoza, había viajado para reunirse con su esposa e hijo en Caracas. Sin embargo, las autoridades venezolanas lo acusaron de planificar acciones desestabilizadoras.

El Gobierno argentino denunció la detención como arbitraria y exigió su liberación inmediata, calificando el caso como una violación a los derechos humanos. Además, la Cancillería argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, argumentando que este incidente forma parte de un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.