22/12/2024
Los operativos se llevaron a cabo también en otras tres propiedades ligadas al ex senador nacional detenido en Paraguay por contrabando. Fueron en el marco de la causa que investiga la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispuso una serie de nuevos allanamientos relacionados con la causa que investiga al exsenador Edgardo Kueider por presunto enriquecimiento ilícito. Las medidas incluyeron su vivienda particular, una clínica de kinesiología vinculada a su exesposa y otras propiedades situadas en la ciudad de Concordia, lugar de residencia del imputado.
El primero de los procedimientos se realizó en el domicilio de Kueider, donde convivió hasta el año pasado con su segunda esposa, Liliana Di Lello, y sus dos hijos menores. Este inmueble ya había sido objeto de una inspección durante la semana previa.
Posteriormente, efectivos de la Gendarmería Nacional llevaron a cabo un operativo en una clínica ubicada en la calle Güemes, entre 25 de Mayo y Sarmiento, también en Concordia. Este centro de recuperación pertenece a Di Lello, quien ejerce como kinesióloga.
Detenido. Kueider permanece con prisión domiciliaria en Paraguay.
Otros dos allanamientos tuvieron lugar en el centro de la ciudad: uno en una vivienda situada en la intersección de las calles Carriego y La Rioja, y otro en una oficina alquilada por un tercero que no está involucrado en la investigación.
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Estos procedimientos forman parte de una investigación más amplia que incluyó allanamientos realizados previamente en el despacho de Kueider en el Senado, ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo. También se inspeccionaron oficinas de asesores y personal administrativo en el edificio anexo del Senado nacional, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 1710, en la Ciudad de Buenos Aires.
La jueza Arroyo Salgado ordenó estas diligencias en el marco de una causa que involucra al exlegislador entrerriano en presuntos delitos de gravedad como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho en sus variantes activa y pasiva, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.
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